Sáb. Jun 25th, 2022

    Estos son los aspectos centrales de la iniciativa impulsada por el kirchnerismo para pagar la deuda a partir de la recuperación de los “dólares volados”.

    -El proyecto crea el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, el cual tendrá como objetivo la cancelación total de la deuda -actual y/o futura- con ese organismo internacional.

    -La vigencia de este Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI y sus recursos se destinarán exclusivamente a este fin.

    -Será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación y el proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.

    – Estarán obligadas al pago las personas humanas, jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigor de la ley, que tengan tenencia de moneda nacional y/o extranjera; bienes; muebles; y otros bienes en el extranjero, incluidos intangibles, créditos y toda clase de derechos susceptibles de valor económico, sin declarar.

    -Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado para un pago que se aplicará a los bienes ubicados y/o ubicados en el exterior que se encuentren o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP.

    -Los afectados por esta regla deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, el cual deberá ser pagado en dólares.

    -Para el caso en que el sujeto declare y pague espontánea y voluntariamente, sin intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de la ley, los beneficios, exenciones y demás liberaciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 de la lavado de dinero previsto en la Ley Federal de Incentivos a la Construcción (N° 27.613).

    -En el caso de declarar los bienes después de 6 meses de la entrada en vigor de la ley, la tasa se elevará al 35%.

    -Las prestaciones previstas no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes de blanqueo de capitales, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de personas u otros que correspondan.

    -La iniciativa contiene un capítulo referente a las “facultades” de la AFIP y la Unidad de Información Financiera, incluyendo la colaboración internacional a la que pueden acudir para la detección de activos no declarados.

    -El proyecto incluye un artículo que dice: “La Secretaría de Economía, antes de asumir nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar una opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su factibilidad de repago” a la Comisión Bicameral de Seguimiento. y Control de la Deuda Externa.

    – El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la UIF, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “una vez al año, a partir del año de vigencia de la ley, emitirá una informe al Congreso Nacional” que contenga, entre otros puntos, “todas las determinaciones y determinaciones realizadas en la realización de la investigación requerida por esta ley, detallando montos y actividades involucradas, y los demás datos que se consideren necesarios”.

    – Se incorpora la figura de colaborador: toda persona física o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que, actuando personalmente o en conjunto, suministre información relacionada con una infracción a las leyes tributarias y de lavado de activos.

    -El objeto del colaborador será cooperar con la AFIP para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y/o maniobras de evasión fiscal.

    -El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación debe crear un programa que defina los protocolos que garanticen el secreto, la seguridad, el anonimato de los colaboradores y los mecanismos de pago de las recompensas correspondientes.

    -El monto a partir del cual se considera acreditada la información del colaborador no debe ser inferior a US$ 500.000 para bienes no declarados.

    -El colaborador deberá estar disponible para declarar ante cualquier instancia, ya sea administrativa o judicial.

    -La recompensa será el 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas del Estado.

    – Se impondrá prisión de 1 a 6 años al colaborador que proporcione información falsa; y de 6 meses a 2 años al colaborador que, de cualquier forma, difunda, divulgue o revele información relacionada con el proceso de colaboración.

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